El Ayuntamiento de Almería ha apoyado esta iniciativa que ha proporcionado asistencia y acompañamiento para dar cobertura a necesidades de emergencia social sobrevenida en el ambiente domiciliario
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha desarrollado del 15 de noviembre al 15 de diciembre el proyecto denominado AYUDA EN CASA, gracias a una ayuda concedida por el Ayuntamiento de Almería, en el marco de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de carácter social sin ánimo de lucro 2021, de la Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.
Gracias a esta iniciativa, se ha ofrecido asistencia en domicilio a una persona en la capital almeriense, que debido a graves problemas de salud repentinos ha necesitado de una actuación rápida y eficaz, con cuidados profesionales y asistencia en su domicilio. Dado los buenos resultados y las necesidades detectadas, desde la Asociación El Saliente se va a continuar ofreciendo el servicio a más personas usuarias, siendo un total de 7 las que se incluyen actualmente en este programa.
Esfuerzo, dedicación y cuidados para hacer que cada día cuente
Las situaciones de emergencia social sobrevenida implican la necesidad, para las personas o familias afectadas, de una serie de apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria. Por ello, desde El Saliente se ha planteado esta iniciativa que, en la línea de otros programas de la Entidad, busca ofrecer soluciones a personas o a hogares que no cuentan con los recursos necesarios para obtenerlos.
En esta ocasión, se están atendiendo casos sociales de personas con problemas de salud sobrevenidos, que necesitan el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Almería. Una de las dificultades a la hora de afrontar este tipo de casos es que las personas afectadas no perciben ninguno de los servicios establecidos en la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de Dependencia.
Al ser una situación de necesidad causada por un problema de salud imprevisto y, previsiblemente, no duradero, las personas que lo sufren se convierten en dependientes de manera temporal, pero no pueden acogerse a las ayudas que ofrece el Sistema público de Dependencia en Andalucía. Ante ello, desde el Área de Atención Social de la Asociación El Saliente se evalúa y valora el caso de la persona en situación de emergencia social y vulnerabilidad y se analiza cómo adaptar la situación al recurso social idóneo. Por tanto, se presta un completo servicio de ayuda a domicilio adaptado a la necesidad de las personas afectadas.
Este incluye tareas como apoyo en el aseo, vestido e higiene personal, limpieza cotidiana y general de la vivienda, ayuda para comer, beber, realizar cambios posturales o levantarse y acostarse en la cama, administración de la medicación y acompañamiento en paseos. Además, se fomenta una dieta saludable.
Con este tipo de programas, la Asociación El Saliente afianza su compromiso por mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo una atención cercana, profesional y adaptada a las necesidades que se presentan en cada caso.
Reconoce la labor de entidades y personas que han apoyado su proyecto social en tiempos de Pandemia
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha celebrado en el salón de actos de la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas Francisco Pérez Miras de Albox, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de forma presencial, después de que el año pasado no se pudiera celebrar a causa de la pandemia.
El acto se ha iniciado con la actuación de la joven pianista y cantante Laura Diepstraten, ganadora del festival Euro Low Vision, que en la presentación de los temas interpretados ha hecho un llamamiento a la inclusión, animando a los presentes a celebrar las diferencias y a percibirlas como algo positivo. Laura es todo un ejemplo de cómo el esfuerzo, el talento y la dedicación son claves para conseguir nuestras metas y superar barreras.
Por su parte, el Presidente de la Asociación El Saliente, Matías García, ha destacado las dificultades que ha supuesto la pandemia, tanto para las personas, como para las entidades. “Hay personas que por el hecho de padecer una discapacidad ven reducidas sus oportunidades en los distintos ámbitos de la vida. En la situación de pandemia que estamos viviendo y de crisis económica debemos redoblar los esfuerzos para que colectivos como el nuestro no caigan en la exclusión social como consecuencia de que no se les dé la atención que necesitan”.
Por otro lado, el Delegado Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha manifestado que “tendríamos que celebrar el Día de la Discapacidad todos los días, para que todo este colectivo pudiera conseguir una plena inclusión”.
DISTINCIONES
La Entidad, que lleva desde 1988 trabajando por la normalización del colectivo de personas con discapacidad, ha entregado sus tradicionales distinciones a entidades y personas que han destacado por su compromiso y solidaridad en este periodo de grandes dificultades y de incertidumbre.
BIOSABOR, S.A.T. Categoría Responsabilidad Social. Emergencia Social. Por su colaboración donando hortalizas, para la elaboración de comidas sociales.
FUNDACION PEDRO CAPARROS. Categoría Responsabilidad Social. Emergencia Social. Por las donaciones de productos de verduras frescas a la Asociación EL SALIENTE.
MERCADONA, S.A. Categoría Responsabilidad Social. Emergencia Social. Gracias a la entrega de productos alimentarios para la elaboración de menús sociales.
ILUNION, ACCESIBILIDAD. Categoría Accesibilidad. Por su compromiso para conseguir un turismo accesible.
FUNDACION SOLIDARIDAD CARREFOUR. Categoría Responsabilidad Social. Movilidad y Atención a la Diversidad. Por el impulso de iniciativas para mejorar la calidad de vida de la infancia en situación de vulnerabilidad.
ANTONIO MARTÍNEZ LLOBREGAT. Categoría Solidaridad. Por su entrega y valor profesional, como enfermero de enlace del Centro de Atención Primaria de Albox, en tiempos de Covid.
Ha sido una gala de agradecimiento y reivindicación para que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad.
Los ponentes que han intervenido en la Jornada explicaron que se aplica de manera restrictiva la norma debido a la falta de recursos.
Esta actividad, organizada por la UAL y la Asociación El Saliente, ha estado enmarcada en la iniciativa UAL TRANSFIERE a través del Proyecto “El derecho y las entidades de carácter social” como forma de transferir conocimiento e investigación al entorno económico y social
La Jornada La Discapacidad a Debate se ha celebrado el 18 de noviembre en la Universidad de Almería y ha congregado a un centenar de asistentes y a un grupo multidisciplinar de expertos, que han destacado la importancia de dotar con más recursos al Sistema de Dependencia para que sea eficiente dando respuesta a las necesidades de las personas que no tienen autonomía para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria.
La jornada ha sido inaugurada por la Vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, Maribel Ramírez, quien ha manifestado que “para que las leyes cumplan la función social para la que se han promulgado, es necesario dotarlas de los recursos económicos suficientes, para que su implantación conlleve, en el caso que estamos tratando, que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de la población”.
Por su parte, Matías García, Presidente de El Saliente manifestó que, aunque nuestro ordenamiento jurídico garantiza a todas las personas los mismos derechos, sin embargo, no todas las personas gozamos de las mismas oportunidades. Además, sacó a colación 4 casos de personas que se ven privadas del disfrute de derechos por la defectuosa aplicación de las normativas que regulan los baremos de discapacidad, dependencia e incapacidad laboral.
La Universidad de Almería mantiene una colaboración estrecha con la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y en este marco de trabajo colaborativo se encuadra la iniciativa UAL TRANSFIERE y el proyecto “El derecho y las entidades de carácter social.
En este sentido, la investigadora principal del proyecto y Profesora Titular de Derecho Mercantil de la UAL, María del Mar Gómez, anunció una serie de medidas puestas en marcha en el marco de este proyecto, entre las que se incluye la próxima celebración de otra jornada en el primer cuatrimestre de 2022, en este caso sobre Discapacidad y Mujer.
Análisis y reflexión ante la realidad social
La primera mesa redonda, titulada “Debate sobre el baremo de discapacidad y su reconocimiento. Valoración de la Dependencia y recursos” y moderada por Matías García, ha contado con la participación del Médico y Ex Asesor Técnico de Valoración de la Junta de Andalucía, José Antonio Alfonso Granero, la Trabajadora Social del Distrito Sanitario de Almería, Concepción Zurita Alonso, y Federico Alonso Trujillo, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y Director del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia.
José Antonio Alfonso, Médico y Ex Asesor Técnico de Valoración de la Junta de Andalucía, ha destacado en su intervención que “el baremo para la discapacidad es el que hay, la cuestión está en la interpretación que se hace de él y los que lo interpretan son personas con distintas sensibilidades. Además, ha indicado que “la valoración es conjunta y se hace por un equipo multidisciplinar de tres expertos, un médico, un psicólogo y un trabajador social”.
Por su parte, Federico Alonso Trujillo, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y Director del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia, ha expuesto datos relativos a la dotación económica de la Ley de Dependencia y ha puesto el foco en la necesidad de financiación y recursos, más aún cuando se está produciendo un progresivo envejecimiento de la población que deriva en un mayor porcentaje de personas con discapacidad.
La Trabajadora Social del Distrito Sanitario de Almería, Concepción Zurita Alonso, ha expresado que “la Ley de Dependencia fue un buen punto de partida. Sin embargo, no nos fijamos nunca en el tema de la promoción de la autonomía personal, que es también importante dada la escasez de recursos”.
Discapacidad y Relaciones Laborales
Por su parte, en la segunda mesa se ha hablado sobre “Discapacidad y Relaciones Laborales” y ha estado moderada por la Profesora Titular de Derecho Mercantil de la UAL, Mª del Mar Gómez Lozano e investigadora principal del proyecto. Los participantes han sido la Inspectora Médica de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) de la Junta de Andalucía, Carolina Vilches, el Médico Especialista Valorador del Daño Corporal, Francisco José Llave Gamero, y el Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCO e investigador participante en el proyecto, Juan Escribano Gutiérrez.
La Inspectora de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI) de la Junta de Andalucía, Carolina Vilches, ha explicado casos de aplicación de la normativa y de cómo, en ocasiones, se producen situaciones de desprotección, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas.
El Médico Especialista Valorador del Daño Corporal, Francisco José Llave Gamero, ha detallado la valoración del daño corporal para un proceso de incapacitación laboral, explicando a través de un caso que llega a la vía judicial y le dan la razón a la persona interesada, cómo se pueden cometer graves errores a la hora de valorar las situaciones de incapacidad laboral. El Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCO e investigador participante en el proyecto, Juan Escribano Gutiérrez, ha hecho un repaso cronológico a la legislación en materia de discapacidad desde la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, conocida como la LISMI, hasta la actualidad con la Ley General de Discapacidad.
El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente celebra, un año más, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en un acto que volverá a ser presencial, cumpliendo con todas las medidas de prevención necesarias frente COVID-19 que garanticen la seguridad de las personas asistentes.
El ACTO CENTRAL se celebrará en el COMPLEJO RESIDENCIAL Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas, Francisco Pérez Miras, en Albox, el próximo 2 de diciembre (jueves), a las 18:00 horas, con aforo limitado y asignación de plaza para asistencia por riguroso orden de inscripción.
Los últimos meses han supuesto grandes cambios para el colectivo de personas con discapacidad, que ha sufrido especialmente las consecuencias de la crisis sanitaria que hemos vivido a causa de la pandemia. En este día, queremos aprovechar para reafirmar nuestro compromiso con aquellos que más lo necesitan y agradecer la labor de aquellas entidades, instituciones y ciudadanos particulares que, pese a la dificultad e incertidumbre, han seguido trabajando por y para las personas con discapacidad, en mayor situación de vulnerabilidad.
La labor social que El Saliente lleva realizando desde 1988 no sería posible sin el esfuerzo, el compromiso y la constancia de esas personas e instituciones, públicas y privadas, que contribuyen a construir una sociedad mejor.
Por eso, en este Acto volveremos a hacer entrega de distinciones, en reconocimiento de su labor y mostrar nuestro agradecimiento. Además de reivindicar la normalización de las personas con discapacidad, y la necesidad de reafirmar valores como la Humanidad, la Solidaridad y el Compromiso, en un periodo especialmente complicado y la merma de derechos para nuestro colectivo.
Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, “Un día para todos”, marcado por la crisis mundial de la COVID-19.
La situación de crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para velar e instar a las administraciones a impulsar mejoras, que garanticen que las normas que se han promulgado en materia de discapacidad cumplan la función social para la que se han creado, con el fin de hacer realidad el principio de igualdad, real y efectiva, que proclama nuestra Constitución para todos los españoles.
Además, es un DÍA DE LA DISCAPACIDAD DIFERENTE, en el que los recuerdos necesitan ser compartidos, porque nos sentimos cerca de todos aquellos que comparten nuestros valores: humanidad, sensibilidad, innovación, compromiso…
Hemos elaborado este vídeo, porque queremos agradecer a todas esas personas comprometidas, que, de una manera u otra, trabajan cada día por los derechos de las personas con discapacidad. Porque hay recuerdos que nunca se borrarán y personas que nunca se olvidarán.
Ahora más que nunca, dignificar la vida de las personas con discapacidad y contribuir a generar cambios para conseguir un mundo más humano y más solidario es nuestra mayor prioridad. #DíaInternacionalDiscapacidad
Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, “Un día para todos”, marcado por la crisis mundial de la COVID-19.
Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando para velar e instar a las administraciones a impulsar mejoras que garanticen que las normas que se han promulgado en materia de discapacidad cumplan la función social para la que se han creado, con el fin de hacer realidad el principio de igualdad, real y efectiva, que proclama nuestra Constitución para todos los españoles.
La pandemia de la Covid-19 ha impactado en toda la sociedad en su conjunto, pero lo ha hecho de una manera desigual. Ha añadido una mayor presión a colectivos vulnerables y, en muchos casos, ha provocado un empeoramiento de su situación económica, sanitaria, laboral, social y asistencial. Las personas con discapacidad y en situación de dependencia en nuestro país ya habían experimentado las consecuencias negativas de la anterior crisis económica, pero ahora pasan por momentos incluso más alarmantes de emergencia social y esto ocurre por unas razones muy concretas. Me gustaría analizar una de ellas, porque creo que resulta profundamente injusta para quienes, precisamente, necesitan una mayor cobertura social.
Me refiero al endurecimiento de los criterios para la obtención del certificado de discapacidad y de la incapacidad laboral, tanto por parte del Centro de Valoración y Orientación (CVO), dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía como del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Gobierno de España, aun cuando no se ha modificado la normativa que regula los criterios de valoración.
Vemos como dicho endurecimiento coincide con periodos de recortes de derechos y políticas económicas que reducen los gastos públicos, precisamente, donde más falta hacen, en la Sanidad, la Dependencia o la Educación.
El baremo de valoración del grado de discapacidad fue modificado en el año 1999, endureciendo entonces los criterios de valoración para obtener el certificado de discapacidad, curando por decreto a personas que tenían patologías congénitas e incurables. Desde ese momento ha permanecido sin cambios. Sin embargo, durante el transcurso de las distintas crisis económicas que hemos atravesado desde entonces, las entidades sociales del ámbito de la discapacidad hemos padecido una interpretación de la normativa muy restrictiva, llevando a personas que se han encontrado en una situación de emergencia social directamente a la exclusión social. Cuando esto ocurre, la norma deja de cumplir la función social para la que se hizo y tiene efectos perversos sobre las personas.
Estamos comprobando, en el Área de Atención Social y Jurídica de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, a través de los casos sociales que atendemos, que se está produciendo una pérdida y un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y, en estos momentos, la situación de muchas se agrava, incluso más, por las dificultades y limitaciones derivadas de los efectos de la pandemia.
Sirvan como ejemplo de ello algunos casos reales recientes de personas asociadas a la entidad. Uno de ellos es el de una persona con una enfermedad rara incurable. Tiene varios órganos de su cuerpo afectados y sufre un proceso degenerativo que incluye desmayos, diarreas, náuseas y pérdidas de memoria. Sus limitaciones le impiden desempeñar un puesto de trabajo, lo que ha ido empeorando su situación laboral y ha imposibilitado su inserción en una empresa ordinaria.
El CVO le ha reconocido un 21% de discapacidad. Sin embargo, habiendo enviado su valoración e informes a un facultativo especialista, éste ha considerado que, incluso valorando a la baja su grado, el grado mínimo que le deberían haber dado sería de un 33% de discapacidad.
También en el ámbito de la discapacidad hemos visto como una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que le ha llevado a ser totalmente dependiente y a tener que utilizar silla de ruedas, fue valorada en 2018 con un 39% de discapacidad. Ha empeorado hasta el punto de que su marido la ducha, la viste y le da de comer. Además, tiene dificultad para tragar saliva y vomita con frecuencia, utiliza espesantes para tragar agua. Después de todo esto, ha solicitado valoración, pero como su diagnóstico no está claro, le mantienen su valoración anterior y ni si quiera le reconocen el baremo de movilidad reducida, ni la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, a pesar de necesitar silla de ruedas.
Otro caso destacable, entre muchos otros, es el de una persona que trabajaba en el ámbito del mantenimiento, pese a sufrir patologías como hernias discales, cervicalgia, trocanteritis derecha y fibrosis, el EVI consideraba que, con todas estas patologías, esta persona podía hacer las funciones de su puesto, tales como reparar y pintar, y colocar puertas, vallas y armarios. Sin embargo, judicialmente fue reconocida una incapacidad permanente total para su profesión habitual de operario de mantenimiento.
Estas personas presentan discapacidades de distintos tipos y niveles, con circunstancias personales que los hacen especialmente vulnerables y sensibles y que, en muchos casos, están recibiendo un trato vejatorio por parte de los facultativos del Equipo de Valoración al dirigirse a ellos como si estuvieran intentando engañar, inventándose patologías, llegando a poner en tela de juicio informes de otros especialistas de la Seguridad Social.
En el Centro de Valoración y Orientación ni siquiera les atienden personalmente. Se limitan a valorar los informes médicos, lo que supone una restricción de las garantías de los interesados en el procedimiento de valoración. Cuando nuestro sistema funcionarial no tiene claro su papel de servidor público, pierde esa sensibilidad especial para empatizar con los más vulnerables, privando a las personas de derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Todas estas situaciones causan una sensación de indefensión e injusticia en los afectados, que se ven obligados a pedir segundas opiniones médicas y a emprender procesos judiciales muy costosos, lo que comporta una serie de gastos médicos y jurídicos, que en la mayoría de los casos son inasumibles para personas con rentas bajas, por lo que, en estas circunstancias, entidades como El Saliente juegan un papel de atención y apoyo esencial.
De no ser por la intervención de entidades como la nuestra, nuestro sistema pondría una nueva barrera a muchas personas sin recursos, que solo pueden hacer valer sus derechos cuando tienen el apoyo de organizaciones sociales con una estructura consolidada que les apoyan en el proceso de demanda, evitando que la Justicia sea solo accesible para aquellos que tienen un alto poder adquisitivo.
He de decir que cuando, desde El Saliente acudimos a los tribunales, comprobamos que, habitualmente, la Justicia nos da la razón. Hace dos semanas ganamos un caso en el que, a una persona con trastorno bipolar, depresión e insuficiencia pulmonar, le habían reconocido en el EVI una IP Total, consiguiendo, tras un juicio, el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta.
La serie de circunstancias que acabo de relatar ponen de manifiesto el retroceso que está sufriendo el Estado de Bienestar y la pérdida de muchos de los derechos que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir.
Siempre hay un margen de interpretación de la norma para quien ha de aplicarla, que puede entenderla en el sentido más amplio o en el más restrictivo. Sin embargo, ya en 2008, con la crisis financiera, vimos como las valoraciones se hacían a la baja. Este periodo, que provocó una serie de recortes drásticos y sin precedentes en nuestra democracia en todo tipo de políticas sociales, supuso también un giro en esas valoraciones. Desde entonces, la administración aplica la normativa de la forma más dura y restrictiva posible.
Ahora, en esta crisis causada por la pandemia del Covid-19, volvemos a encontrarnos con el mismo problema, pero con un añadido, partimos de una situación económica, incluso peor que la de 2008, por lo que los efectos que produce una interpretación dura y restrictiva del baremo son devastadores para personas que sus patologías les impiden trabajar, viéndose abocadas a la caridad de las familias o de otras personas y entidades, a la falta de autonomía e independencia y, en definitiva, a la exclusión social.
La realidad es que hay una sola norma y ésta debería ser aplicada de igual forma en cada caso, sea cual sea la situación económica de cada momento. Sin embargo, el Centro de Valoración y Orientación y el Equipo de Valoración de Incapacidades no tienen en cuenta que las enfermedades y discapacidades de las personas no cambian en momentos de crisis y, por lo tanto, tampoco deberían cambiar las decisiones que se toman para darles una cobertura que les pertenece, porque es su derecho legítimo y reconocido por nuestras leyes.
Si seguimos así, el resultado será el que ya vimos en el año 2008, la crisis la van a pagar las personas más vulnerables y con más limitaciones de nuestra Sociedad.
Ahora más que nunca, las entidades de personas con discapacidad deben asegurarse que nadie se queda atrás, haciendo ejercicio de responsabilidad social, desde el compromiso y apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
Matías García Fernández
Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente
