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Cándido Méndez Rodríguez ha sido Secretario General del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de 1994 a 2016 (22 años), ​y Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos entre 2003 y 2007.

Después de haber estado ligado a la UGT durante prácticamente toda su vida y de haber sido líder sindical durante 22 años. ¿Cuál es su análisis de la situación en materia de derechos laborales que atraviesan los trabajadores españoles?
He estado ligado y sigo ligado a la UGT. En relación con los derechos laborales, creo que hay algo muy urgente a remediar, que es el gravísimo deterioro que las últimas reformas laborales han provocado en el mercado laboral. La clase trabajadora española está padeciendo un alto nivel de paro, de los más altos de Europa, particularmente los jóvenes y las jóvenes trabajadores y trabajadoras, unos niveles de precariedad muy altos. A su vez, se está produciendo en España, (y en esto no somos muy distintos de otros países), como consecuencia de la digitalización, una polarización muy intensa y negativa del mercado laboral, de manera tal que se están generando puestos de trabajo bien cualificados y bien pagados, que son una minoría, y un gran volumen de puestos de trabajo de baja cualificación con malas retribuciones y con unas grandes condiciones de precariedad, que están padeciendo sobre todo las mujeres trabajadoras.

¿Qué momentos críticos ha vivido siendo Secretario General de UGT, huelgas, negociaciones?
Sobre todo, la Gran Recesión que empezó en el año 2008 y terminó en el año 2013. Ahí hay un quinquenio fatídico para los derechos de los trabajadores, para el empleo, para la calidad del empleo, para los Servicios Públicos y que ha provocado una aceleración del número de trabajadores pobres y un aumento bestial de las desigualdades. Durante mi etapa he tenido que negociar con Felipe González, en su última etapa, Aznar, Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Es decir, con dos presidentes del PSOE y dos del PP. Con todos hemos tenido momentos de acuerdos, pero también de tensión y de confrontación. Prácticamente con todos hemos tenido huelgas generales.

Yo creo que cuestiones importantes pueden ser, por ejemplo, la negociación que hicimos en relación con la Ley de Igualdad y la Ley para garantizar los derechos de las personas dependientes, y luego huelgas en defensa de la protección por el empleo o en defensa de la negociación colectiva.

En alguna ocasión ha manifestado que la acción sindical es como el aire que respiramos, prácticamente nadie lo nota hasta que le falta. ¿Cómo ve el futuro del sindicalismo ante una creciente desafección de los trabajadores?
En primer lugar, no estoy de acuerdo con que haya una creciente desafección de los trabajadores a las organizaciones sindicales. En cualquier caso, si hay desafección, no es distinta y es mucho menor que la que pueda haber en relación, desgraciadamente, con el conjunto de las instituciones de representación democrática en nuestro país e incluso en Europa, que está provocada por el miedo, por la incertidumbre que, en este momento, existe en relación con el trabajo, el trabajo con derechos y con el futuro de los trabajadores.

En los sindicatos, si acaso, lo que hay es una gran dificultad para que los trabajadores, sobre todo en un país como el nuestro, donde la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas o muy pequeñas, puedan acercarse a los sindicatos. En las grandes empresas hay sindicatos. El problema que existe es, sobre todo y fundamentalmente, en las pequeñas, donde los trabajadores tienen una enorme dificultad porque no hay una legislación de representación para empresas de menos de seis trabajadores.
Dicho esto, yo creo que las organizaciones sindicales, organizaciones confederales y de clase, como la UGT, a mi juicio, tienen futuro en tanto en cuanto somos tan o más necesarias que en la etapa de la Revolución Industrial, que fue en la que se crearon las organizaciones sindicales. La razón es que estamos asistiendo a una nueva revolución, que es la Revolución Digital, y se siguen necesitando organizaciones sindicales capaces de negociar con los gobiernos, las empresas y las patronales, dentro de las empresas y fuera de las mismas.

¿Cuáles han sido los mayores avances en materia de diálogo social que ha vivido y a los que ha contribuido?
22 años dan para mucho. He participado activamente y he negociado, por ejemplo, para la desaparición de las últimas reminiscencias del franquismo del ámbito laboral. He negociado, y hemos conseguido un acuerdo, para crear ámbitos de mediación y arbitraje autónomos entre sindicatos y patronal.

Yo creo que hay dos elementos muy importantes, como son la Ley de Igualdad en el seno de las empresas y la creación de un nuevo pilar del Estado de Bienestar, como es la atención a las personas dependientes, donde hemos tenido una participación decisiva en aquella negociación y en la promulgación de esas leyes. Esto es lo que puedo comentar junto con una serie de acuerdos que creo que han contribuido a la preservación del empleo, a la reducción de la temporalidad y al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios en España.

¿Hay que derogar la reforma laboral? ¿Por qué?
Hay que derogar la reforma laboral y con carácter de urgencia. Se debería producir una derogación y una sustitución por un marco laboral distinto, como es la eliminación de la ultractividad de los convenios o como el darle prioridad al convenio de empresa en lugar de al convenio del sector. Estos dos temas, particularmente, han provocado un desequilibrio muy fuerte en la correlación de fuerzas para la negociación entre los sindicatos y la patronal y, por tanto, esos dos elementos, al menos, habría que derogarlos con urgencia para restablecer un equilibrio entre los sindicatos y la patronal que nos permita avanzar en una negociación que sustituya la legislación laboral actual por una más progresista y más acorde con la defensa de los derechos de los trabajadores en el marco de la revolución tecnológica.

¿Qué pasos habría que dar, en su opinión, para aumentar la tasa de empleo en nuestro país, conjugándolo con trabajo de calidad?
Hay que dar muchos pasos. No hay, digamos, el gran paso de gigante, a mi juicio. El avanzar hacia un trabajo de calidad exige una serie de compromisos que, de manera acumulativa, vayan invirtiendo la situación por la cual se está produciendo un deterioro acelerado de la calidad del empleo y se ha producido también un deterioro de los salarios.

Frente al triángulo perverso de paro, precariedad, desigualdad, habría que poner un triángulo virtuoso que sería trabajo con derechos, digitalización y descarbonización o lucha contra el cambio climático. Si se avanza en ese sentido, la lucha contra el cambio climático puede generar oportunidades de empleo y de empleo de calidad. La digitalización, si se corrige, y hay que corregirla, lo que podría suponer es una mejora de la productividad de las empresas, un alivio en relación con los trabajos más pesados y no tendría por qué provocar, como se está produciendo ahora, una sustitución por parte de una aplicación digital o de un robot.

El mercado de trabajo está experimentando cambios tendentes a una adaptación al entorno digital, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica, etc. Esto va a reconfigurar la situación del empleo, a crear nuevos puestos y a destruir otros. ¿Cómo cree que va a responder el mercado de trabajo en España a estos desafíos y qué recomendaciones hace para que esa transición al nuevo escenario sea lo menos traumática posible?
Creo que lo primero que hay que constatar es que estamos en una situación de retraso evidente, no solo en España, sino en España y en Europa, en relación con la toma de iniciativas de cara a la Revolución Digital. Primero, en este momento los que están marcando la pauta son un puñado de empresas muy poderosas americanas y chinas, que son las que están dejando una impronta en el sector digital que, a mi juicio, está provocando efectos negativos y nervios e incertidumbres. Los ciudadanos en Europa tienen miedo. Tienen miedo a lo que se pueda hacer con sus datos, tienen miedo a que su empleo pueda ser sustituido por un robot o por una aplicación digital, y, por lo tanto, yo creo que habría que tomar esa iniciativa, la de acabar con el retraso en materia digital respecto a esas empresas americanas y chinas.

Habría que definir una línea estratégica por la cual habría que implicar a las empresas en la lucha contra el cambio climático, porque en este momento está siendo protagonizada fundamentalmente por los gobiernos. A mi juicio, habría que beneficiar a las empresas que generen empleo y empleo de calidad y habría que penalizar a las que sean despilfarradoras de recursos naturales y que contaminen, para dar un giro hacia un modelo productivo más respetuoso con el medio ambiente y más consecuente con la necesidad de preservar, para las generaciones futuras, un patrimonio que no es inagotable ni ilimitado.

En relación con lo digital, tendría que producirse una dinámica en el sentido opuesto. Ya que el protagonismo lo llevan las empresas, los gobiernos tendrían que conseguir un ámbito para la regulación de las actividades digitales, poniéndolas al servicio del empleo de calidad.

Tanto un escenario como el otro, deberían ser desarrollados mediante procedimientos de diálogo social. Es decir, trabar procesos de negociación globales, muy amplios, con las organizaciones sindicales a nivel europeo y a nivel nacional, patronales a nivel europeo y a nivel nacional y Comisión Europea y gobiernos nacionales.

¿Cree que se dan las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad en España accedan al empleo en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Qué reformas considera más necesarias?
Queda mucho camino por andar, pero en este caso también hay que reconocer que se están dando algunos pasos en el sentido correcto. Por ejemplo, este año ya se han implantado tres directivas europeas para garantizar que la contratación pública en España (la contratación pública en España equivale a un 18% de la riqueza de nuestro país, por lo tanto, es una cantidad muy importante de recursos), tenga en cuenta criterios sociales y criterios medioambientales.

Dentro de los criterios sociales, uno de los que tiene especial relevancia es, precisamente, que en las contrataciones públicas se exija la contratación de personas con discapacidad. Además, primero debería cumplirse la legalidad en relación con la contratación de personas con discapacidad, porque hay una ley que marca un número del 2%, y habría incluso que aumentar ese porcentaje. Ese compromiso es para medianas y grandes empresas y quedan excluidas las pequeñas empresas. Por eso habría que ayudar a las pequeñas empresas para que también incorporen la necesidad de emplear a personas con capacidades distintas.

De hecho, la revolución digital está aportándonos una serie de herramientas tecnológicas que pueden aprovechar mejor las capacidades de las personas con discapacidad y compensar algunos de los factores que no puedan llevar a efecto. Por lo tanto, yo creo que la revolución digital es una gran oportunidad para aumentar el empleo y la empleabilidad de las personas con discapacidad.

La Constitución de 1978 ya ha cumplido 40 años. ¿Cree que sigue siendo válida para la España actual? ¿Qué reformas cree que son necesarias?
Todo el debate sobre la Constitución está girando en torno a dos temas importantes: la forma de Estado y la política territorial y el Estado de las Autonomías. Esos son los debates sobre los que se están planteando las necesidades de reforma.

Sin embargo, creo que si hay una parte de la Constitución que está muy muy desarrollada es precisamente la que afecta al Estado de las Autonomías, es decir, el Título VIII de la Constitución Española. En relación con la fórmula del Estado, nuestra organización es republicana y creo que hay un tema urgente antes de abordar esa discusión, que no sé si habrá un momento que se aborde, porque eso es iniciativa de los partidos políticos. Sí que creo que lo que habría que resolver es un problema, que no se ha dado en la línea sucesoria del actual Jefe del Estado, porque son dos mujeres. Si hubiera habido un varón, aunque fuera menor, que la hija mayor del Rey, se impondría lo que se define como Ley Sálica, que es una discriminación en beneficio del varón con respecto a la mujer. Por lo tanto, yo creo que esos serían los temas que con urgencia habría que resolver, la igualdad también en la Jefatura del Estado.

Luego, creo que los grandes elementos pendientes de nuestra Constitución, y dicho esto creo que nuestra Constitución todavía tiene mucha potencialidad, están entre los artículos 40 y 50, que son los que afectan al derecho a la vivienda, al derecho al empleo, pensiones, etc. Ahí es donde habría que desarrollar la Constitución. En relación con posibles reformas, habría que plantear dos: una, en el artículo 135, que se reformó priorizando la contención del déficit en relación con el gasto social, habría que hacer una reforma en la que, al menos en ese artículo, se incorporara la necesidad de garantizar un suelo mínimo de gasto social. Otro elemento para mí muy importante es que tenemos un mecanismo constitucional, que es el de las iniciativas legislativas populares, que, una vez que se consigue reunir las firmas necesarias, pasa por un proceso en el Parlamento y son los diputados y diputadas las que tienen, en última instancia, la capacidad democrática de hacer que siga o no siga adelante una iniciativa legislativa popular.

Yo creo que tendría que producirse un cambio en la Constitución para que estas iniciativas tuvieran que ser, obligatoriamente, tenidas en cuenta en el Parlamento con el compromiso de que el Congreso de los Diputados les diera satisfacción y no pudiera dejarlas en un cajón durmiendo el sueño de los justos o bien sin tenerlas en consideración. También hay otro punto, que es probablemente la necesidad de avanzar en la estructura territorial del estado social, una definición federal de la Constitución española.

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