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Desde la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente queremos hacer una llamada de atención a la evolución de las políticas de cohesión territorial y social, una situación que estamos viendo diariamente en los medios de comunicación y que preocupa a muchas personas con discapacidad.

No queremos inmiscuirnos en la vida política, pero consideramos que debemos posicionarnos en defensa de los valores democráticos que postula nuestra Constitución, como la igualdad y la solidaridad.

En los últimos años, el panorama político ha dejado atrás el bipartidismo, dando cabida a un mayor número de formaciones políticas con un peso importante en el Parlamento y alterando el equilibrio de poder que se había establecido en la Transición. Este escenario, inédito en nuestra democracia, ha incrementado la capacidad de algunos partidos nacionalistas para trabajar por un mayor autogobierno de sus comunidades autónomas y, en algunos casos que todos conocemos, exigir la independencia.

“Una parte de nuestro país quiere abandonar el proyecto común de España.”

Sin embargo, sus demandas y reivindicaciones, pese a que pueden ser legítimas, han puesto de manifiesto una serie de cuestiones que, desde nuestro punto de vista, rompen con el ánimo de concordia, estabilidad, progreso y vertebración. La debilidad del Gobierno salido de las urnas ha forzado a pactar y a llegar a acuerdos, algo que puede considerarse positivo en términos democráticos, pero que ha dejado ver la individualidad y la falta de solidaridad de algunas formaciones políticas que, además, defienden una supuesta supremacía de algunas regiones.

Una parte de nuestro país quiere abandonar el proyecto común de España, desvinculándose de las zonas que son más pobres y dejando ver posturas que esconden intereses políticos, económicos y una enorme falta de compromiso con la cohesión territorial y la estabilidad económica.

El principio de solidaridad en la Constitución Española se encuentra regulado de manera meticulosa, con presencia en artículos como el 2, 40, 138, 156 y 158, pero es el 156 el que lo proclama en relación a las comunidades autónomas, dotándolas de una autonomía financiera que debe ejercerse ‘con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles’.

Por su parte, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), garantiza que la prestación de servicios en las distintas regiones de España debe llevarse a cabo en iguales condiciones, independientemente de la capacidad recaudatoria o tributaria de cada una de ellas. Históricamente, se ha facilitado el equilibrio, la coordinación y la cohesión entre las distintas zonas de nuestro país.

Por eso, esta deriva independentista y supremacista que estamos viviendo va en contra de los valores que defendemos desde la Asociación El Saliente y, al final, repercute en las personas, en los ciudadanos de a pie que poco o nada tienen que ver con las disputas políticas. Hay colectivos, como el de las personas con discapacidad, que encuentran dificultades añadidas para llevar una vida normalizada, o lo que es lo mismo hacer lo que hacen las demás personas en las distintas etapas de su vida y para ello requieren apoyo social, medidas compensatorias, políticas fiscales y programas que les ayuden a conseguir una vida digna y se ajusten a sus necesidades reales.

Por eso, esperamos que los partidos políticos que han tenido las claves de principios de solidaridad e igualdad no se alejen de ese ideario y que se puedan conseguir avances en materia de igualdad, caja única de la Seguridad Social y con una mayor eficacia en la gestión y el control de las prestaciones sociales.

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