La atención a la dependencia: Hacia un futuro más humanizado

por Comunicación El Saliente | 16 de diciembre de 2024 | Dependencia, Revista Punto de Apoyo

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, fue aprobada en 2006, marcando un hito en la política social española. El objetivo era proporcionar un marco estructurado que garantizara asistencia a personas con limitaciones en su autonomía, por tanto, una cuestión de gran relevancia social y económica, a la vez que compleja y difícil de organizar y gestionar.

Este gran logro social del estado del bienestar sobre el que se asienta el cuarto pilar referido al Sistema de Servicios Sociales, se configura como un eje fundamental en el que se incluye la atención a las personas en situación de dependencia; en la actualidad, se enfrenta a un gran reto que, sin duda, condicionará su evolución futura. A lo largo de estos años, el recorrido ha sido irregular, con fluctuaciones en los presupuestos asignados y en la agilidad del sistema de reconocimiento y acceso a las prestaciones.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se diseñó en una etapa de crecimiento económico, aunque se puso en marcha cuando comenzaba una profunda crisis. Pese a que su aprobación fue en 2006, es a comienzos de 2008 cuando su aplicación se hace real y efectiva, iniciándose su despegue. En mayo de 2008 se empezó a publicar información sobre las prestaciones para personas en situación de dependencia.

En los primeros meses no hubo listas de espera y la cobertura alcanzó el 100%, pero en octubre de ese mismo año cayó al 61,92 %, limitándose a personas con grado 3. A medida que más personas accedían al sistema, las listas de espera iban aumentando. Inicialmente, el sistema se enfrentó a problemas como la burocracia excesiva, criterios dispares entre comunidades autónomas y el crecimiento de casos pendientes.

Después de esta fase inicial, comenzó a consolidarse, mejorando la gestión interterritorial, hasta que la crisis económica de 2011 le afectó gravemente, generando una deuda con la Seguridad Social y recortando las prestaciones económicas. A pesar de ello, el porcentaje de personas beneficiarias aumentó desde principios de 2011 hasta mayo de 2015, aunque sufrió una caída temporal. Esta mejora parcial se debió en parte al acceso a las prestaciones del Grado I, menos costosas.

La evolución presupuestaria ha estado marcada por recortes en 2012 y la falta de aprobación de los presupuestos en 2019 y 2020, con la prórroga de los de 2018. La financiación del sistema corresponde a partes iguales al Estado y las comunidades autónomas, debiendo aportar cada uno el 50 %. A la hora de hacer los cálculos de gasto de cada parte, el cálculo del gasto “neto” que realizan las CCAA se basa en estimaciones de los copagos.

Estas estimaciones son imprecisas y presentan una variabilidad considerable, con un rango que fluctúa entre el 15 % y el 33 %. La recuperación parcial del coste de las prestaciones mediante copagos provoca que el porcentaje final de gasto asumido por las CCAA sea menor al previsto inicialmente. La realidad palpable es que la falta de financiación ha deteriorado el sistema, ya que el Estado no llega al 50 % pactado, mientras las comunidades autónomas la han ido dotando de menos recursos para satisfacer la demanda. La evolución presupuestaria ha estado marcada por recortes, como prueba el ejemplo de 2022 y 2023, cuando la participación de la Junta de Andalucía ha disminuido un 14,59%.

Aunque año tras año, el porcentaje total aportado por las comunidades autónomas supera el 50 % del gasto en dependencia, en realidad hay que restar las aportaciones de las personas beneficiarias. En el caso andaluz, la cifra de la Junta incluye un 21,7 % proveniente de las personas beneficiarias, lo que reduce la aportación real en 2023 al 38,97 %, quedando por debajo del 50 % que le correspondería por Ley y un 0,36 % menos que la Administración General del Estado. Así, la aportación estatal tampoco llega a lo que marca la ley. Los fondos estatales asignados rondan el 30 % del total y han fluctuado, aproximadamente, entre el 0,7 % y el 1,5 % del PIB, mientras que en muchos países europeos superan esas cifras con creces. La financiación se queda corta, como prueba, en 2023, 40.447 personas fallecieron sin que las ayudas les llegaran a tiempo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, el sistema de Dependencia cubre en la actualidad a más de 1,4 millones de personas en España. Sin embargo, más de 200.000 personas se encuentran en lista de espera. En este sentido, hay que destacar que el coste global real del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incluye la aportación general del Estado, las aportaciones de las administraciones autonómicas y la contribución de las personas usuarias o copago.

Necesidades y desafíos

En un sistema que, aún hoy, sigue recayendo enormemente en el apoyo de las familias, ya sea explícita o implícitamente, desde las administraciones públicas y las entidades prestadoras de servicios es necesario avanzar en la humanización de la atención y la calidad de los servicios, especificando las condiciones de acreditación de los mismos y clarificando la cualificación y competencias profesionales esperadas. Al mismo tiempo, es necesario trabajar para paliar las insuficiencias de personal y mejorar las condiciones laborales en el sector, al tiempo que tratar de orientar los centros de atención sociosanitarios para que se parezcan mucho más a un hogar.

Junto a todo ello, en el horizonte hay otras metas, como mejorar los sistemas de inspección y control públicos, incrementando la transparencia y estándares de calidad del sistema. En los últimos años, se ha puesto de manifiesto que el sistema no puede limitarse a la atención básica. Las personas cuidadoras son un elemento muy importante para garantizar una atención de calidad que dignifique a la persona, cuidar no es una sucesión de tareas. Cuidar implica escuchar, empatizar, priorizar y entender las necesidades emocionales, físicas y sociales de cada persona, un enfoque que es fundamental especialmente en etapas avanzadas, donde el afecto y la dignidad deben ser pilares del sistema.

Las personas en situación de dependencia, en su mayoría mayores que han contribuido a crear el tejido social y económico, representan la esencia de una sociedad responsable y cohesionada y como sociedad tenemos un papel de responsabilidad en sus cuidados. Es crucial recordar la importancia de su contribución y reforzar el compromiso hacia una vida de calidad, plena y digna en cada etapa. Si bien se han dado pasos significativos en la atención a las personas en situación de dependencia, los retos actuales demandan un refuerzo constante en recursos y un enfoque verdaderamente humanizado en cada atención. Las personas mayores han dedicado su vida a construir la sociedad que vivimos hoy.

A través de su trabajo, esfuerzo y sacrificio, nos han legado conocimientos, valores y un sistema social que nos sostiene. Es justo y necesario devolverles ese apoyo, ofreciéndoles cuidado, respeto y gratitud. Cuidarlos no solo es un acto de justicia social y gratitud, sino también una inversión en el tejido social, que nos recuerda la importancia de la solidaridad entre generaciones.