por Comunicación El Saliente | 7 de diciembre de 2018 | Contenido Revista Punto de Apoyo
La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente acaba de publicar el número 43 de la revista gratuita de temática social Punto de Apoyo, que consta de 40 páginas a color con entrevistas, reportajes y artículos de opinión. Esta publicación, que se edita desde el año 1997, se hace eco de las necesidades del colectivo de personas con discapacidad y también incluye contenidos variados, sobre temas como empleo, legislación, cooperación, voluntariado, comunicación o cultura.
En este número, se incluyen declaraciones de Alfonso Guerra, ex Vicepresidente del Gobierno, y Jordi Folgado, Director de la Fundación Vicente Ferrer. Además, el Director Adjunto del Instituto de Comunicación Empresarial, Daniel Rodríguez, habla sobre estrategias para mejorar las habilidades comunicativas en el trabajo. “Comunicar es una habilidad tan imprescindible como tener estudios”, afirma.
Entre los reportajes de este número, hay uno dedicado a las Novedades de la Ley de Voluntariado de Andalucía, otro sobre Escuelas de Verano Bilingüe El Saliente y una entrevista a Álvaro Merino, experto en inteligencia emocional, donde da las claves para recuperar la motivación, cambiar malos hábitos y mejorar.
Suplemento del XXX Aniversario
Como ha ocurrido también en el número 40, en el 41 y en el 42 de Punto de Apoyo, en este número se incluye un Suplemento Especial con motivo del XXX Aniversario de la Asociación El Saliente, que se ha celebrado a lo largo de todo el año 2018.
Entre los fines de esta publicación gratuita a color están los de servir como elemento canalizador de las inquietudes e intereses de las personas con discapacidad, al tiempo que informar sobre temas de interés y sobre la actualidad en general.
Distribución online y offline
Punto de Apoyo se distribuye a través de la web y también en formato papel, en todas las sedes de El Saliente. Todas aquellas personas interesadas en hacerse con uno de estos ejemplares de esta revista gratuita de temática social, puede obtenerlos gratuitamente.
por Comunicación El Saliente | 16 de mayo de 2018 | Contenido Revista Punto de Apoyo
José Luis Heredia, Vicepresidente de Cajamar, analiza la recuperación del tejido productivo y su repercusión en la redistribución de la riqueza.
La desigualdad en España se ha visto acentuada, no solo durante la crisis económica, sino también durante la recuperación. Según el informe ‘¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría’, elaborado por Oxfam Intermón, la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que al resto de la población y señala que la evolución del reparto de la riqueza en España confirma su “injusta distribución”, puesto que el 1% de la población más rica en España concentra una cuarta parte de la riqueza (25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%).
Contamos con José Luis Heredia Celdrán, Vicepresidente de Cajamar, la caja rural de origen almeriense que, con el paso de los años, ha crecido hasta convertirse en una de las entidades más significativas de España.
Velezano de nacimiento, con una experiencia profesional de 44 años en el sector financiero, siempre en la misma Entidad, en 2014 fue nombrado director general de Cajamar y dos años más tarde Vicepresidente de su Consejo Rector.
Ante el informe “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría”, elaborado por Oxfam Intermón, y el dato de crecimiento en 2017 del PIB en España, de un 3,1%, sumando 4 años consecutivos de crecimiento continuado, ¿cree que el reparto de la riqueza generada es equitativo? ¿Se nota en el bolsillo de todos los españoles?
Todos los datos globales sobre distribución de la riqueza, con independencia del posible sesgo ideológico que puedan comportar, apuntan a que, en efecto, en los últimos años se ha retrocedido en términos de desigualdad. De hecho, los economistas hablan ya más de desafíos redistributivos que productivos, en relación con las sociedades del futuro. Hoy somos conscientes de que la desigualdad no es solo un tema de justicia social, sino que también afecta negativamente al crecimiento y al desarrollo económico.
Está demostrado que sociedades más equitativas generan un mayor y mejor desempeño económico que aquellas que presentan una mayor desigualdad. Y España no ha quedado al margen de este fenómeno. Con la crisis económica hemos asistido a un proceso de devaluación interna que ha tenido un impacto positivo en nuestra balanza comercial y, en general, en nuestra balanza de pagos.
Pero el coste ha sido muy elevado para las familias, que todavía no se están beneficiando plenamente del crecimiento de la economía española, pues partíamos de tasas de desempleo muy elevadas. La devaluación interna ha comportado una bajada de los salarios que ha tenido como consecuencia un deterioro del bienestar de las familias. No obstante, en la actualidad se ha abierto una etapa de crecimiento que tarde o temprano redundará en el bienestar de todos los ciudadanos. Nuestra sociedad, que es una sociedad desarrollada, tiene mecanismos para que esto ocurra. Las políticas públicas tienen que implicarse en este desafío, y cada uno de nosotros debemos hacerlo en nuestro ámbito. En nuestro caso, lo tenemos claro. Nuestro cometido desde Cajamar es seguir aportando financiación a los sectores productivos viables y muy pegados al territorio. Nuestra vocación ha sido siempre muy clara, seguir apoyando financieramente a la pequeña y mediana empresa y a los sistemas productivos locales, especialmente a los de base agroalimentaria, que son estratégicos para nuestra provincia.
Y, por supuesto, seguir apoyando a las familias almerienses con soluciones financieras adecuadas y adaptadas a sus necesidades. A nuestro juicio, esta es nuestra gran apuesta inclusiva y nuestra gran contribución a la sociedad. Y lo hacemos con humildad, contando con las personas y con sus proyectos, porque somos una empresa almeriense de nacimiento y residencia, y con una vocación por una economía social muy pegada al territorio y a los problemas de las personas de esta provincia.
¿Qué medidas adoptaría para que haya un reparto de la riqueza más igualitario?
El empleo, y especialmente el empleo de calidad, es el principal catalizador de una mejor y mayor redistribución de la riqueza. La pérdida de empleo ha sido el elemento más importante que ha contribuido a acelerar el incremento de la desigualdad en España; y será la generación de empleo la que permita recuperar los niveles de bienestar perdidos y una mayor y mejor distribución de la riqueza. Con una tasa de desempleo tan elevada, como la que hemos tenido, los grandes perjudicados han sido las capas más vulnerables de la sociedad. Sin empleo, aumenta la desigualdad en términos de oportunidades entre hombres y mujeres, se deteriora el sistema público de pensiones y se precariza el empleo existente. Por eso es tan importante diseñar políticas públicas adecuadas, y sobre todo tener presente que el sector financiero tiene que ser parte de la solución.
Casi el 14% de la población ocupada son personas que a pesar de tener un empleo, no logran salir de la pobreza. El 58% de ellas son mujeres. ¿Qué ocurre para que se arrojen estos datos? ¿Por qué afecta en mayor medida a las mujeres?
Recientemente, hemos visto cómo se ha movilizado nuestra sociedad reivindicando una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en este ámbito, y en Cajamar lo estamos viviendo día a día, donde no solo el número de mujeres profesionales ya supera al de hombres en el conjunto de nuestra organización, sino que cada vez son más las mujeres directivas y ejecutivas que desempeñan puestos de responsabilidad.
Pero es muy cierto que todavía quedan muchos retos en nuestra sociedad que necesariamente pasan por la implementación de políticas públicas y más y mejores medidas que afectan directamente a la igualdad de oportunidades: gestión de la diversidad, gestión del conocimiento, gestión de la conciliación entre la vida personal y profesional, etcétera. Todos tenemos que seguir poniendo de nuestra parte para este gran desafío, evitando que sobre la mujer recaiga la mayor parte del esfuerzo en términos de precariedad laboral.
En la economía almeriense el sector agrario tiene un peso muy importante. La Fundación Cajamar promueve y organiza iniciativas que contribuyen al fomento de la investigación e innovación agroalimentaria. ¿Cómo repercuten estas iniciativas en el desarrollo económico de la provincia?
Nuestra gran apuesta en términos de acción social es el sector agrario, y, en concreto, en Almería se conoce muy bien, dado que Cajamar fue promovida y nació en su día creada por personas vinculadas a este sector de nuestra provincia. El sector agroalimentario ha dado pasos de gigante en los últimos años, convirtiéndose en un referente en términos de sostenibilidad.
Ha adoptado los cambios tecnológicos y productivos que la sociedad estaba demandando, y la agricultura bajo invernadero en nuestra provincia, en contra de lo que le pudiera parecer para quien no la conozca en profundidad, es un referente en sostenibilidad.
Por ejemplo, en Almería se ha conseguido que el sector haga producción integrada y producción ecológica cuando parecía que eran sistemas incompatibles con la producción intensiva; y asimismo es preciso resaltar que, el nuestro, se trata de uno de los sectores productivos más eficientes en el uso del agua y en el uso de materiales. Así, entre todos, hemos desarrollado un modelo sostenible de producción agropecuaria basada en el esfuerzo y en la innovación constante. Y en esa apuesta por la innovación hemos puesto siempre el foco en Cajamar.
Nuestra Estación Experimental es un referente a nivel mundial en innovación agraria, y el sector agroalimentario se ha beneficiado, desde el propio nacimiento de Cajamar, a través de la transferencia de conocimiento y tecnología instrumentalizada mediante cientos de proyectos de colaboración con otros centros de experimentación, universidades, iniciativas públicas y empresas privadas. Y pensamos que tenemos que seguir en esta línea. Es decir, contribuyendo a generar innovación y conocimiento para hacer posible en nuestra provincia el futuro de un sector aún más eficiente y sostenible.
por Comunicación El Saliente | 15 de mayo de 2018 | Contenido Revista Punto de Apoyo
Editorial del número 42 de la revista Punto de Apoyo.
Desde que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara, el 26 de marzo de 2015, la reforma del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, sin antecedentes legislativos en nuestro país, se ha abierto un amplio debate en el que millones de personas tienen sentimientos encontrados.
Su entrada en vigor pretende justificarse en la gravedad de los supuestos en los que puede ser aplicada, esto es: en los supuestos de graves asesinatos a víctimas menores de dieciséis años, o especialmente vulnerables por razón de su edad o discapacidad; cuando la muerte se provoque de manera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre su víctima; que el asesinato se cometa por parte de un miembro de un grupo u organización criminal; asesinatos múltiples; delitos de genocidio, lesa humanidad u homicidio del Rey o la Reina.
La pena consiste en la privación de libertad con la obligación de cumplir un mínimo que oscila entre los 25 y 35 años, dependiendo de la gravedad del delito. Una vez cumplido dicho período mínimo, el Tribunal competente revisará de oficio la prisión, pudiendo considerar que el penado pueda recuperar la libertad condicional o fijar un plazo para revisar de nuevo la misma.
Para los que la apoyan, en particular para el Consejo General del Poder Judicial y para la Fiscalía General del Estado, esta pena de prisión permanente revisable no pasa por alto el mandato constitucional de reeducación y reinserción social a los que deben estar orientadas las penas privativas de libertad y es compatible con la recuperación de libertad del reo. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado este tipo de condenas y no solo en España, sino que países como Italia, Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido tienen incorporada esta pena en sus ordenamientos jurídicos, si bien con menores restricciones que en nuestro país; en cuanto las penas mínimas son menos elevadas. En cambio, la mayoría de la doctrina critica duramente la reforma del Código Penal haciendo alusión a los perjuicios que ocasiona a la dignidad humana.
Desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015, únicamente ha sido aplicada en una ocasión para el asesinato de dos menores de cuatro y nueve años de edad, cometido por su madre utilizando como armas una sierra y un cuchillo. Aunque con posterioridad, se han dado varios sucesos en España susceptibles de aplicación de esta pena. En los últimos meses, ante la posibilidad de que el Poder Legislativo deje sin efecto la pena e incluso la amplíe a otros delitos, se han alzado por un lado los grupos de ciudadanos que se han visto afectados por delitos para los que se prevé tal pena, manifestándose a favor de la misma y por otro, los más reacios a la vigencia de esta pena. Nos encontramos por tanto ante un debate donde existen diversidad de opiniones encontradas que ha dejado de ser un debate político para convertirse en un debate de política criminal.
Recientemente el PNV ha presentado una proposición para derogar la figura de la prisión permanente revisable que ha contado con el apoyo de todos los partidos de izquierdas. Con los acontecimientos dramáticos que hemos vivido en los últimos tiempos va a ser difícil convencer a la población de que con esa medida se impide cumplir el principio constitucional de la rehabilitación y la consiguiente reinserción social del reo.
No debemos perder la perspectiva de que la función de la prisión no es sólo la de la rehabilitación y la reinserción social del reo, sino que la primera función que cumple la pena es de castigo por el delito cometido. Otra función muy importante de ese tipo de condenas, es la de proteger a la población frente a las amenazas que le puedan suponer quienes atentan contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
No voy a hacer mención a casos graves que se han producido recientemente en nuestro país, porque están en la mente de todos, pero sí creo que es difícil buscar el equilibrio para garantizar la reinserción de quien ha cometido delitos tan graves y no incrementar el dolor de familias que se han visto despojadas de lo más grande que tenían en sus vidas.
Redactado por Laura Lidón Jódar:
Laura Lidón Jódar
